Señala que se trata de un documento "concebido en despachos y lejos del territorio, que se lleva por delante un proyecto que era ilusionante para todos" Advierte de que la gran mayoría de los agricultores "tendrá que buscar la manera de salir adelante solo: pagar un proyecto, pedir licencia para construir, contratar a alguien que lo haga, y es más, buscar la manera de llegar a su finca, de llevar el agua y la luz" "Se confirma el atropello a los agricultores del Valle de Aridane". Con estas palabras se dirigió la diputada socialista de La Palma, Alicia Vanoostende, al Gobierno de Canarias en el pleno del Parlamento que aprobó la convalidación del decreto de medidas agrarias para la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica. Un atropello que, añadió la parlamentaria, "tiene un responsable, que es el señor Clavijo, y unos colaboradores necesarios: el consejero del área, el señor Quintero, y la consejera palmera, la señora Barreto", apostilló. Vanoostende lamentó que el nuevo Gobierno canario recogió del anterior Ejecutivo "un decreto consensuado con los afectados y lo cambió completamente". Para elaborar un nuevo documento, "concebido en despachos y lejos del territorio, que se lleva por delante un proyecto que era ilusionante para todos". La diputada del PSOE defendió el decreto elaborado por el Gobierno del Pacto de las Flores, estaba concebido como "un proyecto donde cabían todos y todas. Un proyecto conjunto, diseñado desde la generosidad y el altruismo, donde entre todos y todas generábamos un nuevo lienzo teñido de verde sobre el negro de la lava. Que contemplaba viales modernos, con sistemas eficientes de regadío, con todas las. Infraestructuras comunes, con el liderazgo de la Administración". "Era, en definitiva, el proyecto de las personas afectadas por el volcán", apostilló. En este nuevo documento, indica que, "al menos", han mantenido que los agricultores que lo deseen podrán dejar la actividad con una indemnización. "Han incluido la posibilidad de reconstruir las fincas en otro punto de la isla, pero la realidad es que hicimos un estudio y solo habría 24 hectáreas con las características necesarias para el cultivo del plátano en La Palma, así que estamos ante una medida anecdótica". Injusto Sin embargo, la diputada sostiene que la gran mayoría de los agricultores "tendrá que buscar la manera de salir adelante solo: pagar un proyecto, pedir licencia para construir, contratar a alguien que lo haga, y es más, buscar la manera de llegar a su finca, de llevar el agua y la luz". Además, advirtió de que "tendrán que buscar de dónde sacar la tierra que necesita para poder plantar, ponerse de acuerdo con los vecinos para las lindes, los desmontes y paredes entre fincas (...) Cada uno tendrá que hacer su propia batalla". La diputada interrogó al Gobierno preguntándole si ¿creen que "de verdad podrán hacerlo?". "Lo podrán hacer los que lo tienen más fácil, los grandes propietarios, los ricos, los empresarios, los que están al borde de las coladas. ¿Pero los que están en medio de la colada? ¿Y las personas más mayores? ¿Y los que tienen unos pocos celemines? ¿Y los que son varios herederos?" Ante "este atropello" del Gobierno, la diputada socialista señaló que el PSOE no solo es la voz de todos estos agricultores, sino también de las cooperativas y entidades agrarias. "Todos ellos, que representan a la mayoría de afectados, le trasladaron al Gobierno un escrito hace ya dos meses en el que decían que este decreto, textualmente, frustra las expectativas del sector y de muchos afectados porque incentiva el abandono de la actividad y ha generado una mayor incertidumbre (...) de esta manera, se preve que tan solo se recuperarán un 20% de las explotaciones en un plazo de cinco años". ¿Qué intereses? Vanoostende señaló que el actual Gobierno de Canarias anuló la participación ciudadana a la hora de afrontar el nuevo decreto. Si bien, indica que para justificar la participación, incluyeron en la memoria del documento las reuniones realizadas antes de las elecciones. "El resultado de esos encuentros era el anterior decreto, no el que aprobó el Gobierno". "¿A qué intereses responden?", se volvió a preguntar la diputada. Una cuestión que, a su juicio, puede estar resuelta en una de las novedades del decreto aprobado por el actual Gobierno, que no es otra que la disposición adicional sexta, donde se abre la posibilidad de que aquellos que compren terrenos afectados por la lava también puedan recibir las ayudas para reconstruir.