La diputada socialista palmera, Alicia Vanoostende, intervino en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias sobre el decreto Ley 9/2023  Decreto-ley 9/2023, de 18 de diciembre, de medidas en material territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica, donde todas las enmiendas presentadas para mejorar el texto por su grupo fueron rechazadas por los partidos que sustentan al Gobierno de Canarias. 

Vanoostende recordó que el grupo Socialista se abstuvo en la convalidación del decreto "no porque estuviéramos de acuerdo con el texto, sino porque hubo un compromiso de tramitarlo como Ley y que se iban a incorporar mejoras de todos los grupos políticos. También de la oposición". Pero, "cuatro meses más tarde, nos hemos encontrado con una pared".

De hecho, señala que las enmiendas que los grupos que apoyan al gobierno han aceptado son mínimas, y todas de carácter formal, como cambiar el término "decreto ley" por ley. Nada que lo mejore".

La diputada señala que no se han aceptado enmiendas que presenta su grupo en cuestiones que planteaba el Consejo Consultivo en su dictamen. "Ni siquiera se han aceptado propuestas que nos han solicitado los afectados, como que se aclare que la sede de la Asociación de Vecinos de La Laguna se vuelva a reconstruir donde siempre estuvo, en el edificio de la asociación recreativa Velia".

La diputada palmera señala que los artículos relacionados con la ordenación en zonas con altura de colada menores de 10 metros están de acuerdo, pero rechaza que "cada persona deba realizar el esfuerzo económico para acceder a sus parcelas". El PSOE aboga porque sea la Administración quien ejecute estos trabajos, iniciativa que se ha encontrado con el no de CC y el PP.

En lo que se refiere a las zonas de colada de más de 10 metros, la ley deja sin respuesta a los afectados, a la espera de que puedan reconstruir cuando "se pueda", Vanoostende señala que el grupo socialista ha aportado soluciones, bien con la compra por parte de la Administración o asignándoles una nueva parcela en zonas de menos de 10 metros a través de un sistema de reparcelacion que se había consensuado con las personas afectadas. Medidas que también rechazan los grupos que respaldan al gobierno.

Alicia Vanoostende señala que mientras Coalición Canaria exigía en la oposición, un día sí y otro también, la creación de un Consorcio, para que los afectados estuvieran en el centro de la toma de decisiones, "cuando llegan al gobierno, eliminan esta figura que se había diseñado y crean un consejo meramente consultivo".

"¿Cómo se puede decir una cosa y hacer justo la contraria en unos meses?  ¿Cómo se puede tener un discurso tan incoherente?, se pregunta la diputada, quien señala que "para Coalición Canaria y el Partido Popular, los afectados pueden opinar, pero no decidir". 

Con respecto al decreto 1/2022, de medidas urgentes para la construcción de viviendas, que se modifica también por esta ley, así como por el decreto ley agrario, Vanoostende señala que "podemos estar de acuerdo en que se amplíe la posibilidad de que no solo sean las viviendas habituales las que se puedan reconstruir fuera de la colada, que también puedan ser segundas viviendas y vacacionales, pero no en todo tipo de suelos".

"La primera vivienda representa una emergencia habitacional, y por eso estamos de acuerdo en que se puedan reconstruir no solo en urbano y en asentamientos rurales, sino también en suelos rústicos, incluso de protección paisajística. Eso sí, con un informe previo del Cabildo de La Palma, tal y como figuraba en el texto original del decreto 1/2022, porque creemos que se necesita un filtro previo técnico que garantice que en esa zona se han perdido los valores iniciales". "Tenemos que buscar el equilibrio entre que los afectados puedan reconstruir con la protección del suelo rústico".

En este sentido, se refirió a las consecuencias de esta medida sobre el suelo rústico de protección paisajística más importante del Valle de Aridane, como son las laderas del Bejenado, que es la montaña que cierra el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente hacia el Valle de Aridane.  Este espacio tiene una longitud de unos 7 kilómetros entre el mirador de La Cancelita, en Los Barros y la zona de El Riachuelo, prácticamente todo pertenece al municipio de El Paso y representa toda una zona de medianías altas justo bajo el pinar del Bejenado.  Es, junto con la zona de Las Cuevas de El Paso, la zona  de la ermita de la Virgen del Pino, el único lugar "virgen" del Valle de Aridane gracias a su protección especial"

"Pues bien, eliminar la necesidad de un informe del Cabildo significa que toda, digo toda esa zona se queda recalificada de facto como urbanizable para primeras viviendas, segundas viviendas y viviendas vacacionales.  Sin filtro alguno", añade.

La diputada especificó en su intervención que a cotas superiores a las viviendas que ya existen, "se podrían construir, de forma diseminada, hasta 1.000 casas, cada una con su camino de acceso, su conexión de agua y de luz, su recogida de basura.  Eso sí, lo podrán construir aquellas personas con capacidad económica para una inversión de ese calibre".

"El Partido Popular y Coalición Canaria, con la ayuda de la Agrupación Herreña Independiente y la Agrupación Socialista Gomera, serán los responsables de la recalificacion urbanística de una de las zonas de mayor valor ecológico del Valle de Aridane".

"Mientras el Gobierno de Canarias habla estos días de proteger las Islas, pretende recalificar todo un suelo rústico de protección paisajística para dar cabida a más de 1000 viviendas, a golpe de ley y a golpe de mayoría parlamentaria", subraya Vanoostende.

La diputada señala que su grupo mantiene vivas las enmiendas al texto porque "nuestras propuestas pretenden dar respuesta a todos los afectados, y también buscar un equilibrio con el cuidado del suelo rústico". "Para este Gobierno los afectados son solo un medio, no son el fin", concluye.