El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tijarafe ha presentado una moción al pleno en la que solicita que el Gobierno de Canarias analice la situación del municipio en materia de vivienda y, si cumple los requisitos, se declare como zona de mercado residencial tensionado y se aplique el índice de precios de referencia que prevé la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Alejandro Rocha, portavoz del PSOE, señala que una de las grandes prioridades de su grupo ha sido impulsar políticas para favorecer el acceso a una vivienda digna para los vecinos y vecinas de Tijarafe. De ahí esta nueva propuesta vaya en la misma línea, "porque sostenemos que es una de las principales preocupaciones de la población y una de las claves para que Tijarafe avance en materia social y económica".

En concreto, el PSOE reclama que en el citado estudio que demandan al Gobierno de Canarias  se analice el precio de compra o alquiler de viviendas de los últimos 5 años y la cuota de la hipoteca; también si los gastos del alquiler superan el 30% de los ingresos o rentas medios de los hogares y contemple, además, otros indicadores y variables necesarias que diagnostiquen la falta de oferta insuficiente de vivienda para la ciudadanía tanto en zonas urbanas como rurales.

Rocha recuerda que la Constitución española reconoce, en su artículo 47, el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

En esta línea, el dirigente socialista de Tijarafe subrayó que el Gobierno que preside Pedro Sánchez, para hacer efectivo este derecho constitucional y afianzar el acceso a la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar, aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. "La primera ley de nuestra democracia que adopta medidas para garantizar y desarrollar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible para todas las personas".

En esta línea, defiende que el Gobierno de España ha implementado un abanico amplio de instrumentos, programas y ayudas para solucionar el problema de la vivienda, apostando por la función y la cohesión social, garantizando una vivienda asequible, habitable, accesible y confortable térmicamente, porque nuestra política de vivienda, contribuye, de manera directa a la salud, al bienestar físico, mental y social de las personas.

En lo que se refiere a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, tiene como objetivo prioritario facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible a las personas que tienen serias dificultades para hacerlo en condiciones de mercado. Para lograrlo, la Ley establece diferentes mecanismos. Uno de ellos es el que gira alrededor de las zonas tensionadas de mercado.

Con esta medida, en las áreas tensionadas los arrendatarios que rebajen un 5 % las rentas respecto al contrato anterior tendrán unas bonificaciones fiscales que ascenderán al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años y si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%. Por último, los propietarios que firmen un contrato de al menos 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar su duración.

Con todas estas medidas, incluidas las bonificaciones fiscales, el objetivo de la declaración de zona tensionada y de la aplicación del índice de precios de referencia es, por un lado, la mejora del acceso y permanencia a una vivienda a precio asequible y, por otro, evitar que la ciudadanía siga soportando incrementos desproporcionados en las rentas de los alquileres, por lo que intentamos dar respuesta tanto a inquilinos como arrendatarios.