El Parlamento regional ha aprobado por unanimidad la ley de Políticas de Juventud de Canarias que, para varios de los diputados más jóvenes, pondrá el pilar para ir al rescate de la juventud isleña, una población “vapuleada” y psicológicamente machacada tras encadenar crisis tras crisis.

La consejera de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha indicado este jueves tras la aprobación de la norma en el pleno de la Cámara autonómica que se trata de la ley con mayor participación de la historia democrática de Canarias, y supondrá “sin ninguna duda” un avance para ayudar a la población juvenil a conquistar derechos y oportunidades.

A su vez, ha continuado la consejera, también establece responsabilidades en las administraciones públicas, que deberán asignar recursos, medios y personal para poder articular unas políticas de juventud “eficientes y eficaces”.

En la norma aprobada este jueves, que sustituye a la ley hasta ahora en vigor en este ámbito, de 15 años de antigüedad, se establecen las competencias de las administraciones públicas canarias en materia de juventud, se crea el Consejo de Políticas de Juventud, el Observatorio Canario de Juventud y el Consejo de la Juventud de Canarias, además de regular los Premios “Joven Canarias” y la creación de una Red Canaria de Información Juvenil, entre otras cuestiones.

Por parte de los grupos que mantuvieron enmiendas para el pleno celebrado este jueves, y que fueron rechazadas, el diputado popular Hipólito Suárez ha subrayado que esta ley tiene que servir para que los jóvenes encuentren la mejor garantía de futuro en una sociedad “desanimada” que lidera los datos de paro juvenil de Europa.

Al respecto, el parlamentario popular reprochó al Gobierno que presume de no dejar a nadie atrás que sí lo está haciendo, “a todos menos a un tal Tito Berni”, afirmó en alusión al “caso Mediador”, al tiempo que pidió al futuro Ejecutivo canario que “cumpla” la ley aprobada este jueves.

Por el grupo Nacionalista Jesús Alexander Machín aseguró que los jóvenes canarios representan una generación que encadena crisis y está machacada psicológicamente, lo que marca “una vida frustrada y casi sin esperanza” para una población “vapuleada” para la que las islas pueden ser “desafortunadas”.

El parlamentario socialista David Godoy indicó que los jóvenes canarios llevan décadas de sufrimiento que lastra sus perspectivas y compromiso personal, pero consideró que en esta legislatura se han sentado las bases de un futuro “grato” con esta ley, a la que calificó de “herramienta fundamental para ir al rescate de los jóvenes de Canarias”.

Godoy transmitió un mensaje de esperanza a la juventud del archipiélago porque, dijo, hoy se han puesto los pilares fundamentales para que el día de mañana se pueda decir que los jóvenes de las islas cuentan con un futuro mejor.

Luis Campos, de Nueva Canarias, subrayó que se ha pasado de relacionar las políticas de juventud con el ocio y el tiempo libre a una norma de transversalidad, participación y formación para garantizar que los jóvenes dispongan de la autonomía necesaria para realizar, en igualdad de condiciones, su proyecto de vida.

Por Sí Podemos Canarias la parlamentaria María del Río sostuvo que esta es una ley “muy ansiada” que favorece la autonomía de la población joven y fortalece su capacidad para construir un proyecto propio de vida, además de asentar las bases para reclamar su derecho a la formación, la salud, la cultura, el deporte, el empleo y el acceso a una vivienda que ayude a su emancipación.

La diputada de Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza incidió en que la norma será “importantísima” para la construcción del futuro de Canarias y destacó que obligará a invertir más en las políticas de juventud, además de propiciar la creación de órganos que establecerán una hoja de ruta clara para la participación juvenil.

El portavoz del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, opinó que se dará un impulso real a las políticas en este ámbito con la puesta en marcha del Consejo Canario de la Juventud, para subrayar que la ley deja claras las competencias entre las administraciones implicadas en su desarrollo con el objetivo de que sea “operativo y pueda cumplir sus funciones de utilidad social”.